Tercer encuentro de migraciones : hacia la integración regional y la responsabilidad de los Estados

La discriminación a los migrantes por factores asociados a raza, cultura, origen, en la sociedad chilena parece acentuarse en vez de disminuir, según acusan los cientos de personas que a diario ingresan a Chile huyendo de la guerra en Colombia o vienen del Perú, en busca de mejores oportunidades . A la intolerancia y al rechazo le siguen el no reconocimiento de derechos laborales, civiles y sociales de parte de empleadores y agentes de la administración estatal.

El encuentro dio pleno cumplimiento al propósito y compromiso ético de los organizadores de establecer un diálogo entre la sociedad civil y los agentes de decisión pública, plática destinada a abordar las preocupaciones centrales de la vivencia cotidiana de los migrantes, referidas principalmente a quejas por la burocracia administrativa que obstaculizan el acceso al trabajo y a los servicios de salud, vivienda y educación en desmedro de su situación familiar y personal.

 Ciudadanos de segunda clase
 Chilenos : ni tan abiertos, ni tan acogedores
 La cédula, un problema acuciante
 El asilo y el refugio político

Ciudadanos de segunda clase

La oleada de inmigrantes desde el Perú a Chile que se originó hace ya una década, aunque ha decrecido en número no se ha detenido y a ella se han incorporado importantes flujos de ciudadanos de Bolivia, Ecuador, Colombia y otros países de la región que generan un éxodo constante de migrantes los cuales se emplean de preferencia en las ciudades fronterizas del norte o del centro del país, Santiago y Valparaíso. Los estudios oficiales indican que se trata de una inmigración de nuevo tipo, en general de mujeres y con motivaciones laborales, que se inserta en ocupaciones de baja calificación, muchas veces concentrados en “bolsones” de pobreza, lo que genera riesgos y vulnerabilidades asociadas a fenómenos propios de la acelerada modernización: racismo, xenofobia, abuso laboral, estigmatización social en medios de comunicación masivos, exclusión educacional, etc. _ Chile cuenta con cerca de 250.000 inmigrantes en su territorio, que constituyen cerca de 2% de su población total. Cerca del 70% de ellos es de origen regional, proviniendo de los países fronterizos un 60% del total y la comunidad peruana es la más numerosa. La legislación chilena sobre extranjeros data de 1951 y es incapaz de responder a los requerimientos que produce el masivo desplazamiento de personas.

Esta arista la resalta Carolina Huatay, peruana, periodista y trabajadora social residente en Chile hace 10 años, quien cree que existe falta de criterio político de las autoridades nacionales para resolver el tema del estatus jurídico y el consiguiente respeto a los derechos civiles, sociales de los y las migrantes “que pasan a la categoría de ciudadanos de segunda clase o menos válidos apenas cruzan la frontera. Por contraste, periódicamente, nos llegan noticias de seminarios, documentos y nuevas declaraciones internacionales en que se expresa el respeto a esos mismos migrantes”.

A juicio de Huatay, los estados tienen herramientas legales de las cuales echar mano y enfrentar la exclusión y la discriminación que a diario sufren los desplazados, pero “por falta de atención, conciencia o simple interés real, no se aprovechan”. Por eso - dada la precariedad socioeconómica del 70 % de estos trabajadores - la exhortación a las autoridades a pasar “del discurso de la igualdad de derechos” a enfrentar las diferenciaciones con hechos concretos como la aplicación de los artículos 76 y 77 de la Convención Nacional de los Derechos de los Trabajadores Migrantes que ha sido suscrita recientemente por el gobierno chileno . _ Otra de las normativas que según Huatay “restan dignidad y perjudican a 20 mil inmigrantes en este momento” es la condición de amarre de la visa de residencia a un contrato de trabajo vigente, contraria a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que exige su derogación.
Amén de su dimensión humana, la migración acusa una dimensión regional por la responsabilidad compartida – asumida con déficit - de los estados generadores del desplazamiento y de aquellos que reciben a los desplazados, según admite el cónsul del Perú, Marcos Núñez. Del dicho al hecho hay bastante distancia, esto es, escasos recursos y medidas mitigadoras de alcance parcial a un problema complejo que requiere de soluciones de largo alcance. Las acciones de los agentes consulares, por un lado, van encaminadas a optimizar los servicios administrativos del consulado dirigidos a solicitudes de diversa índole que caen dentro de su competencia, y por otro, son focalizadas a encarar las limitaciones y vulnerabilidades más prioritarias a través de convenios y relaciones con organismos particulares como la Cruz Roja y el estado chileno.

Chilenos : ni tan abiertos, ni tan acogedores

La percepción de las dificultades de la integración por los migrantes a la sociedad chilena es certera y ajustada, de acuerdo a lo expresado por la diputada María Antonieta Saá, quien admitió la rigidez mental de los connacionales “para abrirse a las nuevas realidades sociales ”
“Nuestro país es tremendamente conservador. Nos ha costado años sacar una ley contra la discriminación. Somos un país que avanza en lo institucional, en lo económico, pero en los temas nuevos nos cuesta. Y uno de esos temas es la migración, que no es hoy un tema en el parlamento chileno, pese a ser un tema de futuro, de perspectiva de América Latina ”, dijo Saá. La parlamentaria presentó un proyecto de ley sobre tráfico de trata de niños y personas que ha sido aprobado y está siendo sometido a discusión y trámite en el Congreso. También ha sido informada por el gobierno de la elaboración de una nueva ley de migraciones con la OIM, la Oficina Internacional de Migraciones, iniciativa legal que ella intentará complementar con disposiciones de protección aplicables a los casos de tráfico de migrantes.
El senador Jaime Naranjo sigue el tema desde el año 2000, cuando siendo diputado y presidente de la comisión de Derechos Humanos, le correspondió colaborar en el primer encuentro de migraciones y percatarse de la magnitud del ingreso masivo de personas de países vecinos nunca antes experimentado en el país. Pidió disculpas a los participantes del tercer encuentro “ por los malos ratos que quizá algunos compatriotas y algunas instituciones chilenas les han hecho pasar . Pero quiero que entiendan algo básico : nuestro país no estaba preparado ni lo está todavía, para el fenómeno migratorio que está viviendo. Lógicamente cuando se tiene un vacío legal, no se tiene una legislación adecuada, se cometen un sinfín de errores y equivocaciones”.
El vicepresidente del Senado no escondió la dificultades que implica establecer políticas para afrontar los desafíos de los procesos migratorios, pero el consenso de la última Cumbre de Montevideo sobre la migración es que deben involucrar tanto a los países receptores como a los emisores y las responsabilidades han de ser compartidas de manera tal de superar el cuadro actual en que el país receptor de migrantes se lleva todo el peso de la cobertura de la amplia gama de necesidades de la nueva población en su territorio.

La cédula, un problema acuciante

La llegada de desplazados colombianos a Chile, a partir de la asunción del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, ha sido de una cuantía menor, pero de un gran impacto, lamentablemente de tipo negativo no solamente para la población sino también para las autoridades que la perciben y evalúan bajo la amenaza de hallarse ante eventuales núcleos de narcotraficantes o guerrilleros.
El asunto es serio, pues las autoridades demoran hasta dos años en regularizar los papeles de estos inmigrantes y ellos reclaman que el papel de permiso para trabajar que les entrega el servicio de extranjería no tiene valor alguno ante los empleadores que exigen una cédula de identidad chilena. Así se configura una situación en que “el estado chileno nos abre la puerta – y le estamos agradecidos por ello – pero nos deja en el patio, sin posibilidad real de ejercer nuestros derechos y hacer una vida normal”, como grafica Víctor Buitrago, un emprendedor de la zona de Arauca. “No venimos a pedir limosna, sino a contribuir con nuestras capacidades al país que nos da la acogida, pero ,¡ por favor! permítannos hacerlo con dignidad. Si un chileno va a Colombia, a los tres meses a más tardar recibe ya su visa y no se le exigen documentos especiales para trabajar” Buitrago alude a un tratado de asistencia recíproca vigente hace años entre ambos países.
A la lista de obstáculos al empleo por la falta de un documento fiable para el sistema económico, se agregan las demoras de los papeles para la convalidación de estudios para los menores y la necesidad de atención sicológica a estos niños que arrancando de un conflicto armado, deben adaptarse a una sociedad que les rechaza y no les integra.
La escritora Blanca Pineda, denuncia que el trato discriminatorio lo viven en la red primaria de atención de salud, por no tener un RUT, o sea, un documento provisional de identificación válido, aceptado por el control interno del sistema.
La xenofobia a peruanos y colombianos de las aulas de clase se traslada al barrio con casos de agresiones a jóvenes migrantes por grupos neonazis de los cuales periódicamente informa la prensa.

El asilo y el refugio político

Chile – señala el abogado Roberto Garretón - nunca fue productor de refugiados hasta 1973, cuando por efectos del golpe militar, miles de partidarios del depuesto gobierno del socialista Salvador Allende debieron salir forzadamente a otros países, que les acogieron con generosidad.
“Nunca se le preguntó a un Chileno si llegó con su documentación oficial. Bastaba decir que era refugiado de la dictadura y se le recibía”, afirma el jurista.
Garretón insiste en que las actuales autoridades democráticas al mando del país, por haber gozado justamente de la condición de refugiados, tienen la obligación moral de diseñar una política de refugio propia, generosa, que hoy no tiene, la que es obligatoria para todos los estados suscriptores de la Convención y el Protocolo respectivo, que Chile firmó en 1972. “Por la obligación de los estados de acoger y no discriminar, por la prohibición de no discriminar en la concesión de empleo para los refugiados, por la obligación de asistencia humanitaria; por la tradición histórica de Chile de recibir refugiados. Por la cantidad de Chilenos en el extranjero : todos los países de América Latina acogieron a Chilenos, incluso dictaduras; todos los países de Europa tienen colonias de refugiados chilenos. Mozambique, Angola y Argelia, fueron países africanos de recepción de refugiados chilenos”
Reconociendo la existencia de buenas prácticas, lo que ya es un progreso, el especialista aboga además de una ley de refugio moderna, por una atención integral con financiamiento del Estado a los profesionales que dan las prestaciones pertinentes.
Esta propuesta es compartida en toda la línea por Ernesto Rojas, integrante de la Comisión Etica contra la Tortura, quien vivió el exilio en Inglaterra quien destaca la positiva acogida que tuvo él y cientos de perseguidos.
Junto con citar los artículos13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos referidos a la libertad de salir del país y ser acogido en otro en calidad de asilado, Rojas estima correcto capacitar y formar a todos los funcionarios interrelacionados con la problemática de inmigración a través de diplomados como el que imparten algunas universidades.

Igualmente son necesarios crear un centro de información, orientación y facilitación para los extranjeros y un instituto de altos estudios dedicados a las migraciones; revisar y modernizar los engorrosos procedimientos de tramitación de papeles y en un mundo de sociedades cada vez más globalizadas y cosmopolitas, adherir a la visión de la interculturalidad como estrategia de vida hoy entre los seres humanos.