Notas para la Reflexión de las Responsabilidades frente a la Integración Latino-Americana

El Bolivarianismo

 En el proceso de 3 siglos de subordinación colonial y en el crisol de la guerra de independencia del imperio Español, se gestaron en América Latina: a) los actores dispuestos a reclamar y administrar la independencia (criollos y otros sectores populares subordinados) y un pensamiento propio de América Latina que sintetizaba, al mismo tiempo su identidad originaria propia (ver carta de Juan Bautista Tupac Amaru a Bolívar), la mezcla con el elemento europeo y el programa de construcción de una nueva sociedad latinoamericana para “equilibrar el universo”, como decía Bolívar.

 La más genuina y desarrollada expresión de esos actores y ese pensamiento (de múltiples exponentes: Francisco De Miranda, San Martín, O’Higgins, etc., y no exento de contradicciones) fue el ideario de Simón Bolívar, en el que sus tres principios y objetivos fundamentales son un todo coherente y mutuamente sustentado: la igualdad sustenta la independencia y la unión , por encima de divisiones clasistas y regionalistas. La unión sustenta, con su fuerza, la igualdad y la independencia . Poderes fácticos internacionales y locales, enemigos de la igualdad y la independencia, y la incomprensión de quienes no entendieron el ideario de Bolívar (Marx y Engels, por ejemplo), lograron derrotar ese proyecto y romper la unión.

 El ideario de Bolívar siguió vivo, como resistencia y alternativa programática, a lo largo del siglo XX (en Martí, en Sandino, y en Haya De La Torre, por ejemplo) y más tarde se mezcló de hecho, aunque débilmente en lo teórico (fuerte dominio y tergiversación de los enemigos del ideario Bolivariano), con el “internacionalismo proletario” del marxismo, el anarcosindicalismo y la luchas guerrilleras (la OLAS de 1967, la COR sudamericana de 1974, por ejemplo). La mayor expresión de esta síntesis fue el Che Guevara, tanto en su “Mensaje a la Tricontinental”, como en su profunda y casi excepcional crítica a Marx respecto de América Latina: “A Marx como pensador, como investigador de las doctrinas sociales y del sistema capitalista que le tocó vivir, pueden evidentemente objetársele ciertas incorrecciones. Nosotros, los latinoamericanos, podemos por ejemplo, no estar de acuerdo con su interpretación de Bolívar, o con el análisis que hicieron Engels y él de los mexicanos, dando por sentadas incluso ciertas teorías de las razas o de las nacionalidades inadmisibles hoy" (Notas para el estudio de la ideología de la Revolución cubana. 1960). La respuesta represiva y brutal fue también de carácter regional: la “Operación Cóndor”, inaugurada oficialmente en 1975, por las dictaduras de la región, con asesoría norteamericana, para coordinar las “guerras internas” nacionales, pregonadas y preparadas por la “Escuela de las Américas” en EE.UU.

 Como respuesta ideológica a este ideario bolivariano, se intensificó su tergiversación, ya sea para atacarlo como supuestamente “autoritario”, o para “ser partidario de él”, pero despojándolo de su contenido de igualdad social y antiimperialista; es el llamado “Bolivarianismo godo”, que empieza ya en vida de Bolívar, desde varios de sus propios compañeros de armas en la lucha contra España (Páez, Santander y muchos otros), y se intenta sostener hasta hoy. Y, por otro lado, se desarrolló el “panamericanismo”, es decir, la idea de unidad incluyendo a los Estados Unidos (desde la “doctrina Monroe” de 1923, hasta la OIRA de 1890, la UP de 1910, y la OEA de 1948), y que ha significado, de hecho, el dominio, explotación y agresión por parte de esta potencia sobre los demás países de la región.

La encrucijada actual de la integración

 Cabe señalar el contexto contemporáneo, a partir de la caída del bloque soviético, el desprestigio y desmantelamiento de los “Estados de bienestar”, el fracaso, estancamiento o retroceso de otras luchas y experiencias antiimperialistas, y el profundo desmantelamiento organizativo social y político popular en América Latina, producto de la represión genocida y de los profundos cambios epocales en todo orden de cosas. Sobre su base, una intensa ola de predominio cultural y reformas “neoliberales”, esto es, de la versión más exacerbada de la socioeconomía capitalista, avanzó, casi sin contrapeso, en el mundo y particularmente en el continente, garantizado por el poder militar norteamericano y la gestión férrea y despiadada del FMI, BM y otras entidades internacionales. Más o menos desde mediados de 1970 hasta inicios de 1990.

 A partir de allí, el aumento explosivo de las desigualdades e injusticias socioeconómicas, la crisis de la tendencia mundial decreciente del empleo productivo, el subsecuente crecimiento incontrolable de la delincuencia y otras lacras sociales, la crisis medio ambiental, la emergencia de la renovación e intensidad de la lucha de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las identidades sexuales no tradicionales, y el avance ético cultural de los Derechos Humanos como consenso mundial, entre muchas otras, trae un renovado y masivo cuestionamiento del neoliberalismo y de las “injusticias y crisis estructurales”, así como de las “democracias formales” que las administran y sustentan, cuestionadas seriamente por demandas de saneamiento de la corrupción, así como de reformas a sus limitaciones y bloqueos a una auténtica participación de las mayorías.

 Este profundo viraje ideológico y político, de descontento y cuestionamiento, por parte de grandes mayorías, pone en crisis, tanto a las discursos y formas “tradicionales” de organización social y políticas de la izquierda, propias del siglo XX, como a la estabilidad política de casi todos los países de la región, sumidos en graves crisis institucionales, algunos de ellos, al borde de lo Terminal. Surgen así opciones políticas antineoliberales y/o antiimperialistas, que con matices, diferencias, contradicciones y particularidades, y recogiendo, en mayor o menor medida, las nuevas realidades, ideas y formas de organización, vienen a disputar los electorados en todo el continente.

 La expresión más desarrollada de este proceso lo constituyen Venezuela y Bolivia actuales, donde el Bolivarianismo venezolano (los 3 principios señalados al inicio) y la fuerza de la identidad propia y la inclusión radical del “evismo” boliviano, son el extremo que se opone radicalmente al neo panamericanismo pro imperialista y neoliberal, representado en su forma extrema por Colombia y ahora Perú. Entre esos dos extremos, con matices, contradicciones y particularidades, se mueven los demás países, según el predominio electoral de mayorías a favor de una u otra concepción.

 Entonces, lo que presenciamos actualmente, es el choque cada vez más intenso y a veces violento entre estas dos grandes concepciones antagónicas: el neoliberalismo y el latinoamericanismo social y antimperialista. Ambas se disputan el predominio en las ideas de las mayorías; ambas son fuertes; y esto se manifiesta, nos sólo en la división y alineación de los gobiernos elegidos en uno u otro “eje”, sino también y muy señaladamente, en la división del electorado de mayorías en varios países, prácticamente al borde de la fragmentación y la crisis de legitimidad, como ocurre en México, donde el fraude electoral para hacer ganar apenas al actual presidente neoliberal es un escándalo público; en Ecuador, donde el proceso electoral, tras una larga y aguda crisis, divide en igual forma, en un casi virtual empate, al electorado entre las dos opciones; y, ciertamente, acá en Perú, donde ha sido público que, sólo mediante un apurado, e inicialmente forzado matrimonio, el actual APRA, traidor a todos los postulados de Haya de la Torre, la oligarquía peruana y el fujimontesinismo, lograron derrotar, por escaso margen a la opción latinoamericanista antiimperialista, para inscribir al Perú, por ahora, en el eje neoliberal y pro imperial.

 Claramente, al igual que lo vislumbrara Bolívar, las auténticas independencia y unidad latinoamericanas aparecen indisolublemente ligadas a la justicia social. Y Venezuela representa hoy el polo más firme de esta asociación. Así lo expresa la propia Constitución venezolana, al señalar: “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones…procurando sea una política común de toda nuestra América Latina” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo Nº 153). Política cuya máxima expresión es el ALBA, la integración bolivariana de nuestros pueblos, construida, no sobre la competencia y la insolidaridad neoliberal, sino sobre la complementariedad y el bien común, a partir de múltiples e integrales iniciativas en todas las dimensiones, tales como la Carta y Plan de Acción Social de la OEA, Petrocaribe y Telesur, entre muchas otras en surgimiento y desarrollo.

La institucionalidad regional

 Al mismo tiempo, paralelamente, en un proceso de desarrollo desigual y combinado, la integración regional (y subregional), a nivel institucional y normativo, ha sido un proceso permanente, complejo y multidimensional que avanza y retrocede, en interacción con las encrucijadas y disputas, por medio de numerosas negociaciones e instrumentos políticos (OEA, Grupo de Río, etc.), jurídicos (CIDH, ALADI, etc.), y culturales (Convenio Andrés Bello, Telesur, etc.).

 En la región conosureña han sido dos los grandes procesos de integración regional. La “Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, originada primero como “Pacto Andino” en la firma del “Acuerdo de Cartagena” de 1.969, entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú; a ellos se agregó Venezuela en 1.973 y Chile, bajo la dictadura militar, se retiró pocos años después. Luego de avances y retrocesos, la Comunidad se replantea en 1.996, bajo su actual nombre, con la creación de su “Consejo Presidencial Andino”, a través del Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena. En su seno se han generado numerosos instrumentos de integración, entre otros: el Convenio Andrés Bello (de 1.970, redefinido en 1.990, sobre educación, y que se ha extendido incluyendo a Cuba, Chile, Panamá y España); el convenio Hipólito Unanue (de 1.998, sobre salud); el Convenio Simón Rodríguez (de 2.001, sobre materias sociolaborales); y numerosas “Decisiones” en diversas áreas, especialmente sobre migración (116 de 1.977, 397 de 1.996, 545 de 2.003, etc.).

 El otro, corresponde al “Mercado Común del Sur (MERCOSUR)”, originado en las negociaciones del “Tratado de Asunción” de 1.991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Más centrado inicialmente en las cuestiones comerciales y aduaneras, ha incorporado componentes de orden sociolaboral y migratorio, a través del “Protocolo de Ouro Preto, Brasil de 1.994 (entre ellas, numeroso subgrupos de trabajos; la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur; el Foro Consultivo Económico Social; y un Proyecto de Estatuto del Trabajador Migrante, por parte de la Comisión Parlamentaria Conjunta).

 Recientemente, por medio de la “Declaración del Cuzco”, emitida por la Tercera Cumbre Presidencial Sudamericana, el 8 de diciembre de 2.004, se ha declarado la voluntad política de los países conosureños de avanzar a una superior integración regional, a través de una progresiva convergencia de la CAN y el MERCOSUR, sobre la base de numerosos instrumentos ya existentes o recién creados (ALADI, OTCA, SELA, IIRSA, etc.).

Los obstáculos y las oportunidades

 Dicha encrucijada entre las dos opciones -que al momento de hacer esta exposición tiene empantanada a la propia ONU por el impase en resolver si Guatemala, representante de los intereses de EE.UU. o Venezuela, del latinoamericanismo antiimperialista, ocuparan el cupo de la región para miembro no permanente de su Consejo de Seguridad- es el principal obstáculo actual que enfrenta el proceso de integración continental. A él se suman otros, como la dispersión y limitaciones de la institucionalidad integracionista hasta ahora generada; la pervivencia de conflictos fronterizos y consecuentes carreras armamentistas (Chile-Bolivia, Bolivia-Paragüay, Perú-Chile, Perú-Ecuador, Venezuela-Colombia, y muchos otros). Así como la concepción de la política internacional y de integración como exclusiva de los Estados (a veces hasta del puro gobierno) y excluyente de la sociedad civil.

 Al lado de eso, sin embargo, se presentan enormes oportunidades para desarrollar y consolidar nuestra integración. Muy sumariamente, la creciente crisis y desligitimidad del orden neoliberal, especialmente en el tema del desempleo, desigualdad y contaminación; el avance de las nuevas concepciones participativas y protagónicas de la democracia; la creciente conciencia en sectores empresariales, militares y del centro político de la necesidad de constituir un bloque continental como necesidad insoslayable, tanto económica como política, para la estabilidad y el desarrollo mínimos de nuestros países; el cambio de tendencia, tras un siglo, a la revalorización de las materias primas, especialmente energéticas y de biodiversidad (agua dulce, por ejemplo), que constituyen nuestro principal riqueza; la existencia creciente de la dimensión regional de muchos fenómenos (migración, pandemias, procesos productivos, etc.) que reclaman abordajes regionales; y, por último, la utilidad como punto de partida ya avanzado que constituye la institucionalidad integracionista ya avanzada, a pesar de sus limitaciones.

 Ante estos obstáculos y oportunidades, los solos mecanismos interestatales son insuficientes y exigen a los Estados incorporar crecientemente a la sociedad civil. Es necesario traducir estas realidades (objetivas) en sentidos colectivos (conciencia, subjetividad). No solo porque la política exterior está anclada a la interior, encuentra sustento y legitimidad sólo si el gobierno que la implementa tiene apoyo interno, de modo que la integración regional como política exterior y la justicia social y la inclusión al interior de cada país aparecen como mutuamente condicionadas, sino también porque una verdadera integración regional sólo es posible si es vivida cotidianamente como práctica ciudadana, como estructura cultural del hombre y la mujer comunes, lo cual además dejará sin espacio a las agendas ocultas de los diversos poderes fácticos que sustentan –y se esconden detrás de- discursos chauvinistas y anti integradores.

 Cabe aquí recuperar y reflexionar el concepto de “Responsabilidad” que nos cabe a todos, sin excepción, como miembros de la especie humana, ciudadanos de nuestras comunidades e hijos de este continente. Los Estados, ciertamente están obligados ética y políticamente a cumplir con el mandato histórico de la integración continental, en la medida que es imprescindible para lograr el bienestar y el desarrollo humano deseable y posible para nuestros países y pueblos. Pero es indispensable que la sociedad civil, por medio de múltiples iniciativas y acciones -como estas Semanas de la cultura solidaria y este Taller- movilice propuestas y energías, ya sea para exigir al Estado el cumplimiento de su responsabilidad integracionista, o para conseguir su administración y desde allí realizar la integración. Para ello, se requiere necesariamente que cada uno de nosotros se involucre, conozca y reflexione sobre este tema en que se juega nuestro presente y nuestro futuro. Además, conjuntamente, hacemos más densos y fuertes los lazos cotidianos entre nosotros, los ciudadanos comunes de nuestros países, única forma de que la integración sea completa, real y duradera.